Comunicado del pro sobre la inseguridad
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez / Septiembre de 2008
Durante las últimas semanas la preocupación ciudadana por la inseguridad ha ocupado un lugar relevante en los medios masivos de comunicación. En el marco de revelaciones sobre crímenes lacerantes, de ningún modo justificables, el 21 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y el 30 del mismo mes se hizo en la ciudad de México una marcha replicada también en diversos lugares del país.
Sin embargo, pese a la exigencia de mayor seguridad, se habla poco de derechos humanos, aun cuando seguridad y derechos forman un binomio indisoluble. Algunas voces oportunistas plantean falsas soluciones para revertir la inseguridad, como el aumento de penas, cadena perpetua, pena de muerte o el robustecimiento del aparato punitivo.
Las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, sabedoras de la justa indignación de quienes son víctimas de la violencia criminal, consideramos que las mejores soluciones deben surgir de un debate racional y no sólo de la exasperación y el hartazgo. Deseamos, por lo tanto, contribuir con nuestra palabra a ampliar el debate.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos concebimos la seguridad como un derecho. Pero no como un derecho relacionado exclusivamente con el mantenimiento del “orden público” y la razón de Estado: la seguridad de las personas, de todas las personas, a vivir con dignidad y sin amenazas el disfrute de sus más esenciales derechos. Por eso no hablamos del derecho a la seguridad pública sino del derecho a la seguridad humana; una seguridad que supone la reducción efectiva de los índices de criminalidad, pero también la erradicación de otras violencias como la pobreza, la degradación de la naturaleza, la agresión intrafamiliar, los delitos de cuello blanco, la corrupción gubernamental, los abusos policiales y militares o los cacicazgos rurales.
Desafortunadamente no es la idea de seguridad humana la que orienta las políticas públicas impulsadas por los actuales gobiernos. El Acuerdo Nacional por la Seguridad lo evidencia: se centra en la prevención y represión del delito, considerando al Estado mexicano en “guerra” contra la criminalidad. Las consecuencias de esta concepción limitada de seguridad son previsibles: surgirán nuevos cuerpos policiales y aumentarán el número y las facultades de los miembros de estos cuerpos; crecerán las partidas presupuestales de las fuerzas de seguridad; serán propuestas leyes para incrementar las penas y expandir el uso del derecho penal; habrá nuevas y más equipadas cárceles; etc.
No dudamos de que en un contexto de temor generalizado, a menudo amplificado por los medios masivos, políticas de este corte sean bien vistas por amplios sectores, lo que lleva también a los miembros de la clase política a capitalizar la situación en su propio provecho.
Sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos, consideramos que insistir en la existencia de una guerra permanente contra la delincuencia y pensar desde esa lógica las acciones gubernamentales entraña el riesgo de no plantear estrategias claras al no definir con precisión quién es el “enemigo”. El efecto trágico de estas políticas represivas es que se termina por someter a los “enemigos”, históricamente identificados con grupos sociales excluidos y se exceden los límites del poder estatal. Los peligros inherentes a esta perspectiva son preocupantes. Ya durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta conocimos en México lo que ocurre cuando desde el aparato estatal se caracteriza como enemigo a un sector social y se emplea el discurso bélico: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, acompañadas del deterioro del tejido social. Realidades que, por cierto, se presentan ya en varios estados de la República. Es real el riesgo de que la espiral de violencia desatada cuando son empleados el lenguaje y las prácticas de la guerra no tenga fin. Por eso debemos pensar de otra manera la seguridad. Más desde la mirada de largo plazo que desde las agendas inmediatistas; más desde la pluralidad de la sociedad mexicana que desde una pretendida uniformidad que no refleja adecuadamente la realidad del país; más desde los derechos y la democracia que desde la represión y el autoritarismo. Hablar de la seguridad como derecho no es mera retórica. De este punto de partida se desprenden pautas concretas para las políticas públicas en la materia, entre las cuales están: el diseño de una política criminal centrada en el uso mínimo, racional y estratégico del derecho penal; la reforma policial; la transparencia y la rendición de cuentas; los controles civiles sobre las autoridades castrenses; la participación ciudadana efectiva; la persecución de los delitos de cuello blanco y de servidores públicos; la no estigmatización de los sectores marginalizados; el respeto irrestricto a los derechos de las víctimas y de los imputados; la tutela del derecho a la intimidad en las estrategias de comunicación social de los órganos que integran los sistemas de justicia y seguridad; la renovación de las políticas de prevención del delito; la regulación apropiada del uso de la fuerza, etc.
Durante las últimas semanas la preocupación ciudadana por la inseguridad ha ocupado un lugar relevante en los medios masivos de comunicación. En el marco de revelaciones sobre crímenes lacerantes, de ningún modo justificables, el 21 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y el 30 del mismo mes se hizo en la ciudad de México una marcha replicada también en diversos lugares del país.
Sin embargo, pese a la exigencia de mayor seguridad, se habla poco de derechos humanos, aun cuando seguridad y derechos forman un binomio indisoluble. Algunas voces oportunistas plantean falsas soluciones para revertir la inseguridad, como el aumento de penas, cadena perpetua, pena de muerte o el robustecimiento del aparato punitivo.
Las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, sabedoras de la justa indignación de quienes son víctimas de la violencia criminal, consideramos que las mejores soluciones deben surgir de un debate racional y no sólo de la exasperación y el hartazgo. Deseamos, por lo tanto, contribuir con nuestra palabra a ampliar el debate.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos concebimos la seguridad como un derecho. Pero no como un derecho relacionado exclusivamente con el mantenimiento del “orden público” y la razón de Estado: la seguridad de las personas, de todas las personas, a vivir con dignidad y sin amenazas el disfrute de sus más esenciales derechos. Por eso no hablamos del derecho a la seguridad pública sino del derecho a la seguridad humana; una seguridad que supone la reducción efectiva de los índices de criminalidad, pero también la erradicación de otras violencias como la pobreza, la degradación de la naturaleza, la agresión intrafamiliar, los delitos de cuello blanco, la corrupción gubernamental, los abusos policiales y militares o los cacicazgos rurales.
Desafortunadamente no es la idea de seguridad humana la que orienta las políticas públicas impulsadas por los actuales gobiernos. El Acuerdo Nacional por la Seguridad lo evidencia: se centra en la prevención y represión del delito, considerando al Estado mexicano en “guerra” contra la criminalidad. Las consecuencias de esta concepción limitada de seguridad son previsibles: surgirán nuevos cuerpos policiales y aumentarán el número y las facultades de los miembros de estos cuerpos; crecerán las partidas presupuestales de las fuerzas de seguridad; serán propuestas leyes para incrementar las penas y expandir el uso del derecho penal; habrá nuevas y más equipadas cárceles; etc.
No dudamos de que en un contexto de temor generalizado, a menudo amplificado por los medios masivos, políticas de este corte sean bien vistas por amplios sectores, lo que lleva también a los miembros de la clase política a capitalizar la situación en su propio provecho.
Sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos, consideramos que insistir en la existencia de una guerra permanente contra la delincuencia y pensar desde esa lógica las acciones gubernamentales entraña el riesgo de no plantear estrategias claras al no definir con precisión quién es el “enemigo”. El efecto trágico de estas políticas represivas es que se termina por someter a los “enemigos”, históricamente identificados con grupos sociales excluidos y se exceden los límites del poder estatal. Los peligros inherentes a esta perspectiva son preocupantes. Ya durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta conocimos en México lo que ocurre cuando desde el aparato estatal se caracteriza como enemigo a un sector social y se emplea el discurso bélico: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, acompañadas del deterioro del tejido social. Realidades que, por cierto, se presentan ya en varios estados de la República. Es real el riesgo de que la espiral de violencia desatada cuando son empleados el lenguaje y las prácticas de la guerra no tenga fin. Por eso debemos pensar de otra manera la seguridad. Más desde la mirada de largo plazo que desde las agendas inmediatistas; más desde la pluralidad de la sociedad mexicana que desde una pretendida uniformidad que no refleja adecuadamente la realidad del país; más desde los derechos y la democracia que desde la represión y el autoritarismo. Hablar de la seguridad como derecho no es mera retórica. De este punto de partida se desprenden pautas concretas para las políticas públicas en la materia, entre las cuales están: el diseño de una política criminal centrada en el uso mínimo, racional y estratégico del derecho penal; la reforma policial; la transparencia y la rendición de cuentas; los controles civiles sobre las autoridades castrenses; la participación ciudadana efectiva; la persecución de los delitos de cuello blanco y de servidores públicos; la no estigmatización de los sectores marginalizados; el respeto irrestricto a los derechos de las víctimas y de los imputados; la tutela del derecho a la intimidad en las estrategias de comunicación social de los órganos que integran los sistemas de justicia y seguridad; la renovación de las políticas de prevención del delito; la regulación apropiada del uso de la fuerza, etc.
En este tema, la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, lejos de ser un obstáculo, constituye un aporte imprescindible de contraloría ciudadana. En contextos como el actual es sumamente necesario evidenciar, mediante casos y situaciones concretas, las perniciosas consecuencias de las políticas de mano dura y confrontar los discursos construidos sobre abstractas nociones de “seguridad pública” y “guerra contra la criminalidad”.
La demanda de seguridad sólo será viable en el largo plazo si es entendida como un derecho de todas las personas, incompatible con la violación y la insatisfacción de los derechos fundamentales. Si se insiste en recortar derechos para aumentar la seguridad, las consecuencias serán lamentables.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
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Teléfonos: 5546 8217, 5535 68 92, 55667854,Fax: extensión 108
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